Durante su intervención, la legisladora subrayó que la propuesta va más allá de establecer una fecha conmemorativa. “Hoy no vengo a nombrar una fecha más en el calendario. Hoy vengo a reconocer una forma de vida, una tradición que ha dado identidad, sustento y dignidad a miles de familias tamaulipecas”, expresó.

Salazar Mojica destacó que los oferentes y tianguistas son motor de la economía popular y punto de encuentro comunitario en colonias, ejidos y barrios de todo el estado. En ese sentido, afirmó que “el oferente o tianguista tamaulipeco no hereda privilegios: hereda trabajo. No espera dádivas: sale a ganarse el pan con honestidad”.

Asimismo, se recordó que los mercados rodantes comenzaron a operar el 13 de junio de 1970 en la esquina de las calles Matienzo y Tamaulipas, en Tampico.

Con base en esta referencia histórica, la iniciativa propone que el 13 de junio de cada año se declare oficialmente como el Día del Oferente o Tianguista en Tamaulipas, sin que ello represente gasto público, sino un acto de reconocimiento al pueblo trabajador que impulsa el desarrollo del estado.

En tribuna, la legisladora señaló que este sector vive en una doble exclusión social e institucional, al carecer de vivienda, redes familiares y capacidad para gestionar su atención médica, por lo que afirmó que “hablar de personas en situación de calle no es hablar de estadísticas; es hablar de seres humanos que hoy viven en la invisibilidad institucional”.

Explicó que actualmente la atención a esta problemática se encuentra fragmentada entre salud mental, asistencia social y ámbito urbano, lo que impide una respuesta coordinada del Estado, por lo que enfatizó que no se trata de criminalizar la pobreza ni de recurrir a internamientos arbitrarios, sino de garantizar derechos humanos y salud pública.

La iniciativa solicita a los Sistemas DIF de los 43 municipios, así como a la Secretaría de Bienestar Social y a la Secretaría de Salud del Estado, coordinar e implementar protocolos específicos de atención integral. Al respecto, Salazar Mojica destacó que “se busca que las instituciones hablen entre sí, que existan rutas claras de atención, y que ninguna persona quede excluida del sistema solo por vivir en la calle o por padecer un trastorno mental”.

La diputada indicó que este Punto de Acuerdo se concibe como una medida inmediata y como antecedente legislativo de una futura iniciativa de decreto en la misma materia, con la cual se pretende establecer obligaciones jurídicas claras, permanentes y de carácter institucional para la atención de esta población vulnerable.

A la propuesta se sumaron las bancadas del PRI, PAN y Morena, y el Punto de Acuerdo fue turnado a las comisiones de Unidad de Atención a Grupos Vulnerables y de Asuntos Municipales para su estudio y dictaminación correspondiente.